Más de 70 colectivos de desaparecidos y 140 familiares de personas desaparecidas reconocieron como un avance que el Gobierno federal admita la responsabilidad del Estado en desapariciones ligadas al crimen organizado, pero criticaron que la SRE descalifique las recomendaciones de la ONU sobre militarización, impunidad y falta de resultados en la búsqueda de personas.

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas celebraron que el Gobierno de México reconociera como desapariciones forzadas los casos vinculados con el crimen organizado, pero al mismo tiempo rechazaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) minimice las observaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas.

Plataforma de Paz y Justicia compartió un pronunciamiento en donde las familias de desaparecidos señalan que recibieron “con beneplácito” que la Cancillería admitiera que el fenómeno de la desaparición forzada “está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, lo que representa —según señalan— un reconocimiento de que el Estado tiene responsabilidad por acción u omisión cuando hay autorización, apoyo o aquiescencia de agentes estatales.

“Es una admisión expresa por parte del gobierno de México, al referirse a desaparición forzada y no solamente a desaparición”, destaca el documento firmado por 79 colectivos, 143 familiares y 35 organizaciones civiles. Para las familias, esta declaración marca una diferencia con posturas oficiales anteriores que negaban la relación entre el Estado y las desapariciones contemporáneas.

Rechazan el tono y la postura del Gobierno federal

Pese a reconocer ese avance, los colectivos y organizaciones cuestionaron otros aspectos del comunicado emitido por la SRE el pasado 23 de octubre, en el que la dependencia descalificó las afirmaciones del Comité de la ONU, calificándolas como “carentes de sustento y no admisibles”.

En su pronunciamiento, las familias criticaron que el Gobierno mexicano mantenga un lenguaje “militarista” al hablar de “combatir” las desapariciones, y advirtieron que esa visión distorsiona el enfoque civil que debe tener la seguridad pública.

“La palabra ‘combate’ es propia de las armas y de las instituciones militares. Este lenguaje militarista conduce a una distorsionada visión de la seguridad pública”, señalaron los firmantes, recordando que el modelo de seguridad militarizada ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales.

Los colectivos también contradicen la narrativa oficial sobre los supuestos avances en prevención, investigación y sanción de los casos. De acuerdo con datos citados en el pronunciamiento, durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se registran más de 40 desapariciones diarias en el país.

40 personas

desaparecen diario

Además, enfatizan que la impunidad en México es “casi absoluta”, con apenas 373 sentencias condenatorias por desaparición forzada o cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, frente a más de 133 mil personas oficialmente desaparecidas.

¿Qué pidió la ONU a México y por qué los colectivos de desaparecidos dicen que se minimiza?

El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo excepcional que se utiliza cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas en un país.

Tras analizar la situación en México, el Comité emitió observaciones con cuatro recomendaciones centrales:

Abandonar el modelo militar de seguridad pública, al considerar que la participación de las Fuerzas Armadas ha incrementado las violaciones de derechos humanos.
Implementar una política integral de prevención y erradicación de las desapariciones, con enfoque civil, coordinada entre los tres niveles de gobierno.
Garantizar investigaciones efectivas y sanciones judiciales, fortaleciendo las fiscalías y los mecanismos de búsqueda.
Reconocer y colaborar con los colectivos de víctimas y organizaciones civiles, en lugar de descalificarlas, para avanzar en verdad y justicia.

En respuesta, la SRE publicó el 23 de octubre un comunicado donde rechazó esas afirmaciones, asegurando que las observaciones del Comité “carecen de sustento y no son admisibles” y defendiendo que México cuenta con una “política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.

Para los colectivos, esa respuesta constituye una minimización del problema y una descalificación del trabajo del CED, ya que el gobierno no ofreció argumentos ni datos que desmientan las cifras internacionales.

“Nos preocupa que la negación de un problema conduce necesariamente a la imposibilidad de darle solución”, señala el texto, que pide al Estado mexicano dejar de enfrentarse con críticas al Comité y, en cambio, asumir una cooperación constructiva con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Contexto y alcance del pronunciamiento

El pronunciamiento difundido este 6 de noviembre surge como respuesta directa al comunicado de la SRE del 23 de octubre.

Entre los firmantes se encuentran colectivos de familiares de Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Sonora, Puebla, Baja California, Nayarit y Zacatecas, además de organizaciones nacionales como Artículo 19, Impunidad Cero, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).

Los grupos exigieron que el Gobierno federal abandone el modelo militar de seguridad, reforme su estrategia de búsqueda y garantice justicia efectiva para las víctimas.

“Esperamos que la llamada Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad realmente rinda los resultados que afirma el gobierno, pues, por lo que toca a las desapariciones forzadas, los hechos muestran lo contrario”, concluye el pronunciamiento.

Los colecivos destacan que la negación del problema y la falta de resultados concretos mantienen viva una de las crisis humanitarias más graves del país.

🧭 ¿Por qué es importante este reconocimiento?

El hecho de que el Gobierno de México reconozca como desapariciones forzadas los casos vinculados con el crimen organizado tiene implicaciones de fondo para las víctimas y los colectivos:

Es un paso simbólico, pero insuficiente.
Los colectivos advierten que solo será significativo si se traduce en acciones concretas de búsqueda y justicia.

Admite responsabilidad del Estado.
Aun cuando los perpetradores sean civiles, el Estado tiene obligación de prevenir, investigar y sancionar, lo que significa que no puede deslindarse de estos casos.

Rompe con un discurso negacionista.
Durante años, las autoridades atribuyeron las desapariciones solo al crimen organizado. Este reconocimiento acepta que existe una relación entre el Estado y la crisis.

Fortalece las exigencias de justicia.
El nuevo enfoque da sustento jurídico y político a las familias para exigir resultados y rendición de cuentas.

Abre la puerta a la supervisión internacional.
Al aceptar la definición de desaparición forzada, México queda bajo mayor escrutinio de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.