El caso de la desaparición de Lupita Barajas genera un debate jurídico sobre la retractación de testigos en delitos de alto impacto y el contexto de intimidación. El camino hacia la justicia y cero impunidad está en manos de la Suprema Corte para que establezca criterios claros y sentar precedente nacional.
La justicia sigue siendo una deuda pendiente de las autoridades para con la ‘maestra Lupita y a su familia; pero su caso, busca sentar las bases jurídicas de alta trascendencia que impactaría en la resolución de muchos procesos, no sólo en desaparición de personas, sino en delitos de alto impacto a nivel nacional.
El caso de Lupita Barajas sería analizado por la Suprema Corte para establecer un criterio de jurisprudencia que integre o precise qué sucede en el caso de la ‘prueba de refutación’, que implica ¿qué sucede cuando los testigos se retractan en el proceso oral derivado de la intimidación, amenaza por parte de los acusados o el contexto de violencia que enfrentan?.
Cada vez más testigos se retractan en delitos de alto impacto
El magistrado Roberto Hoyos Aponte destacó que este escenario es cada vez más frecuente en las audiencias de juicio oral, sobre todo en los delitos de alto impacto y no existe un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia.
“Ese escenario que en la audiencia de juicio se advierte el ejercicio de presión o práctica de intimidación por parte de él o las personas acusadas ante la retractación o incomparecencia de testigos a la audiencia de juicio oral, es un escenario procesal que se advierte ocurre va cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en asuntos como este en que se tramita una acusación por un delito de los denominados de alto impacto, como lo es la desaparición cometidas por particulares”
Roberto Hoyos Aponte / Magistrado
El delito de desaparición de personas cometidas por particulares es fenómeno que violenta los derechos de las personas de forma permanente y presenta un incremento significativo y sistemático en México. Por lo que su trascendencia es mayor y requiere que sea la Suprema Corte la que se pronuncie al respecto.
Retractación de testigos, retrasa la justicia para la maestra Lupita y su familia
Este miércoles la familia de Lupita Bajaras esperaba que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimosexto Circuito en Guanajuato confirmará la sentencia condenatoria en el caso de desaparición de Guadalupe Piña Barajas, mejor conocida como la maestra Lupita, pero en el lugar de eso, por unanimidad los magistrados resolvieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y resuelva.
El tribunal sesionó para dar lugar a la resolución del Amparo 51/2025 interpuesto por tres de los cuatro implicados en el caso de la maestra Lupita, luego de que tras la apelación de la sentención absolutoria dictada en primera instancia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria a los acusados. La familia de Lupita presentó y logró incluir un amparo adjunto para confirmar las sentencias.
El punto de duda del conflicto radica en que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó a tres testigos, uno de ellos menor de edad al momento de que se cometió el delito, quiénes declararon ante el Ministerio Público que habían visto desde su casa cómo la maestra Lupita y su acompañante Ulises fueron secuestrados por cuatro sujetos (los imputados en su momento).
Pero durante la audiencia de juicio oral, se retractaron de sus declaraciones, por lo que la FGE presentó un incidente o prueba de refutación. Esta herramienta o técnica jurídica busca demostrar que el testigo cambió su versión, lo que dijo antes contradice lo que ahora declara y en su caso que pudieron ser intimidados.
La primera sentencia fue absolutoria, ya que actualmente aunque las pruebas de refutación es reconocida legalmente, la declaración que un testigo verte durante el juicio oral tiene mayor peso que lo dicho previamente. Tal situación llevó a que los cuatro imputados fueran puestos en libertad y tras una apelación, que falló ahora en favor de la familia, y condenando a los involucradas, se dieran a la fuga –uno sigue sin ser detenido-.
El punto de análisis sigue siendo el mismo, hay dos versiones de los mismos testigos en un mismo hecho. ¿Cuál tiene mayor valor?
Intimidación de testigos es una realidad: Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC en su ficha técnica del caso explica que durante el desahogo de las testimoniales la Fiscalía General del Estado enfrentó una estrategia de descrédito de la defensa de los testigos quiénes cambiaron su declaración y se retractaron, pese a que en un inicio, ante el Ministerio Público dijeron ser testigos presenciales de la desaparición cometida por particulares.
El Centro Prodh explica que los testigos se encuentran en un contexto en donde sí cabe la intimidación y el riesgo que implica sostener sus versiones ante un tribunal de justicia.
“Estos tres testigos aún habitan en la zona (donde ocurrió la desaparición), específicamente en donde fue encontrada la fosa -en el llamado el Barrio de San Juan-, y no cuentan con medidas de seguridad por parte de la Fiscalía que permita garantizar su integridad en tanto rinden sus testimonio”
Centro Prodh
El riesgo de declarar existe, y fue parte del sustento de la FGE para justificar la veracidad y autenticidad de los testimonios con base en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en ese momento el tribunal de enjuiciamiento tomara en el testimonio inicial.
Caso de Lupita Barajas es de trascendencia nacional
Los testimonios fueron parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado y aunque este miércoles se creyó que la justicia finalmente llegaría para la familia Barajas, en el caso de la desaparición de la maestra Lupita no fue así, y el análisis de esta prueba, entre otros puntos quedará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El magistrado Hoyos Aponte destacó la trascendencia de que el máximo tribunal fije criterios al respecto, pues implicaría tener bases para atender estos de cambio de testimonios en un contexto de intimidación y violencia, pero además de aborda uno de los delitos que más presente tiene la ciudadanía, que sigue presente y se ha vuelto sistemático en el país.
“No solo porque se trata de un crimen de lesa humanidad que se traduce en una violación permanente, compleja y pluriofensiva de los derechos de las víctimas; sino también porque ha reportado un incremento significativo en incidencia tornándolo un problema sistémico en el país, reconocido por instancias nacionales e internacionales”.
Roberto Hoyos Aponte / magistrado
Familia Barajas: buscar no debería costar la vida
La familia Barajas es un ejemplo de la falta de justicia en México, en donde las víctimas de la violencia son abandonadas por las autoridades, revíctimizadas y asesinadas en su lucha por la justicia.
A la familia Barajas no sólo le desaparecieron una hija, le asesinaron a su hijo, Francisco Javier Barajas Piña, quien desde que vio que su hermana no regresó a casa el 29 de febrero del 2020 inició junto con sus padres una búsqueda incansable que lo llevaron a participar en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato y formar parte del Consejo Estatal de Personas Desaparecidas, pero que un año después fue asesinado.
Su familia dejó la vida que conocía y construyó en Guanajuato, pero su lucha por la justicia no ha parado ni un solo día.
“En nuestro país, en nuestro estado, es un sueño lejano, casi imposible encontrar justicia. A 6 años de búsqueda de verdad y justicia, en el caso de nuestra hija, aún no la encontramos”, comentó Javier Barajas.
Previo a la audiencia de este miércoles el Centro Prodh compartió la petición y esperanza de la familia Barajas para que el magistrado Roberto Hoyos Aponte marcara la diferencia en México y tener por fin justicia.
“No queremos venganza, queremos justicia. Pero sí, la violencia que se vive en el estado de Guanajuato es muy preocupante. La impunidad ya prevalecido autoriza a que se sigan cometiendo estos hechos tan violentos. ¿En quién podemos confiar?
Familia Barajas
Así ha sido el caso de Guadalupe Barajas Piña (Centro Prodh)
Desaparición – 29 de febrero de 2020
Guadalupe Barajas Piña fue privada de la libertad en Salvatierra, Guanajuato. De acuerdo con los testimonios iniciales, cuatro personas la interceptaron junto con Ulises Blanco Ledesma.
El hecho ocurre en un contexto de violencia criminal en la región en donde la desaparición de personas cada vez es mayor, así como el hallazgo de fosas clandestinas.
La desaparición no fue esclarecida de inmediato, lo que obligó a su familia Barajas a emprender la búsqueda por cuenta propia.
Identificación en fosa – Febrero de 2021
Un año después, el cuerpo de Guadalupe fue identificado en una fosa clandestina junto con casi 80 cuerpos más.
Este hallazgo evidencia dos factores clave:
- La existencia de una red criminal que operaba con múltiples víctimas.
- La falta de detección temprana por parte del Estado.
El descubrimiento no fue resultado exclusivo de una investigación estatal eficaz, sino del trabajo activo de las familias buscadoras, lo que refleja debilidad institucional en la búsqueda de personas desaparecidas.
Asesinato de Javier Barajas – 29 de mayo de 2021
Javier Barajas Piña, hermano de Guadalupe, fue asesinado mientras participaba activamente en la búsqueda de personas desaparecidas.
El homicidio se presume ocurrió como represalia por su labor de búsqueda y exigencia de justicia. Esto revela un patrón de riesgo contra familiares que buscan verdad y justicia, así como ausencia de medidas de protección efectivas por parte del Estado.
El asesinato no es un hecho aislado del caso, sino consecuencia directa del activismo derivado de la desaparición, señala el análisis del Centro Prodh
Inicio del proceso penal – Octubre 2021 a agosto 2022
Se vincula a proceso a cuatro imputados en distintas fechas.
La tardanza en integrar completamente la acusación refleja una investigación progresiva y fragmentada. Además, la Fiscalía General del Estado decidió dividir la investigación general de la fosa en carpetas individuales, lo que limitó la posibilidad de construir una acusación estructural contra toda la red criminal.
Diferimientos y retrasos – 2023
La audiencia intermedia se celebró después de 11 diferimientos atribuibles a la defensa.
Estos aplazamientos prolongaron el proceso y afectaron:
- El derecho a una justicia pronta.
- La estabilidad emocional de las víctimas.
- La seguridad de los testigos.
- El tiempo juega en contra de la memoria, la protección y la firmeza de los testimonios.
Juicio oral – Julio a agosto 2024
Durante el juicio, tres testigos presenciales se retractaron de sus declaraciones iniciales.
Esto ocurrió en un contexto donde:
- Los testigos vivían en la misma zona donde operaba la red criminal.
- No contaban con medidas sólidas de protección.
- La retractación puede explicarse por miedo o presión. La falta de garantías de seguridad influyó directamente en la solidez probatoria.
Sentencia absolutoria – 26 de agosto de 2024
El tribunal absolvió a los cuatro acusados.
La absolución se basó en la valoración de las pruebas, especialmente en la pérdida de fuerza de los testimonios tras la retractación. Esto muestra cómo la falta de protección a testigos puede impactar el resultado judicial.
Revocación en apelación – 29 de noviembre de 2024
Un tribunal superior revocó la absolución y dictó sentencia condenatoria. Esto implica que la segunda instancia consideró que la primera valoración fue incorrecta o incompleta.
Suspensión indebida en amparo – 2025
Tras la condena, se concedió una suspensión dentro de un amparo directo presentado por los acusados, que dejó sin efecto una orden de aprehensión.
Esto ocurrió pese a que la Ley de Amparo no contempla paralizar órdenes de captura en esta etapa. Además:
- No se notificó a las víctimas.
- Se afectó la ejecución de una sentencia ya firme.
- La decisión generó la liberación de uno de los acusados.
Corrección judicial – 29 de mayo de 2025
Un incidente promovido por la familia logró que se declarara indebida esa suspensión. Se ordenó reactivar las órdenes de aprehensión.
Esto demuestra que la defensa utilizó mecanismos legales que fueron posteriormente considerados excesivos por el propio tribunal.
Turnan caso a la Suprema Corte de Justicia – 18 de febrero 2026
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimosexto Circuito en Guanajuato pide a la Suprema Corte atraiga el caso para que dicte criterios claros sobre la retractación de testimonios tomando este caso como trascendental para las justicia en México dado el delito de desaparición de personas por particulares, delito que cada vez crece más en el país.
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