El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, está en el ojo del huracán tras palmear a un reportero que lo cuestionó por las fiestas en la Fiscalía. El hecho, ocurrido en Irapuato, abre debate sobre abuso de autoridad, libertad de prensa y la aplicación de la Ley de Protección a Periodistas en México.

“No hay impunidad para nadie sean públicos o privados”: fiscal

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste “palmeó” en el pecho a un reportero de Irapuato, luego de que éste le cuestionó si en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) se volverán a realizar fiestas, como la celebración patria en donde el funcionario cantó a todo pulmón.

El hecho ocurrió después de la presentación del Primer Informe de Gobierno, de la presidenta Municipal, Lorena Alfaro García, evento al que asistió como invitado el fiscal general de Guanajuato y en donde también estuvo presente la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Luego del evento, el fiscal concedió entrevista a los medios de comunicación locales, en donde en primer momento se le preguntó sobre la situación de los cuatro policías de Cortázar vinculados a proceso por desaparición forzada de cinco personas.

Ante la pregunta, aseguró que no tenía nada más que decir solo que: “no hay impunidad para nadie sean públicos o privados, lo que sea”, serían llevados ante la autoridad al cometer un delito.

Pregunta incómoda

Minutos más tarde, el reportero Erick Gutiérrez, del portal de noticias, Primer Plano cuestionó al funcionario público sobre si en la fiscalía se llevarían a cabo más fiestas, como la ocurrida para celebrar el Grito de Independencia.

Cabe recordar que después de las fiestas patrias, la diputada local de morena Hades Aguilar exhibió al fiscal cantando en el karaoke durante una fiesta en las instalaciones de la fiscalía, haciendo referencia que mientras en diferentes puntos del estado, había masacres y actos delictivos, el fiscal celebraba a lo grande.

Ante el cuestionamiento, el fiscal claramente indignado y molesto respondió: “No voy a dignificar con mi respuesta eso que tú me estás preguntando”, para después proceder a “palmear” en el pecho al reportero.

“El único en este país que cumple con las normas 035 es la fiscalía y te atreves a preguntarme eso?”, cuestionó el fiscal.

¿Qué dice la Norma 035?

Es una norma mexicana de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que obliga a los centros de trabajo a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial (como el estrés laboral) y a promover un entorno organizacional favorable.

¿Tiene implicaciones legales “palmear” a un reportero, mientras hace una entrevista?

La “palmada” en el pecho que recibió el reportero, sí podría encuadrar en una agresión a la integridad física del comunicador, según las Ley de Protección a Periodistas vigentes en el estado de Guanajuato y en México en general en donde se protege el trabajo periodístico.

Derecho vulnerado:
- La libertad de prensa y el derecho a la información están protegidos por la Constitución (artículo 6° y 7°).
- Todo periodista tiene derecho a realizar cuestionamientos sobre temas de interés público sin ser agredido.
Responsabilidad del funcionario:
- Un fiscal o servidor público que agrede físicamente a un reportero puede ser investigado por abuso de autoridad y violencia contra un periodista.
- Dependiendo del caso, podría configurar delitos como lesiones, abuso de autoridad o intimidación.
Protección legal al periodista:
- La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en Guanajuato y a nivel federal) establece mecanismos de protección inmediata: alertas, custodia, seguimiento de investigaciones y sanciones a agresores.
- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión puede intervenir directamente.
Implicaciones políticas y legales:
- Aparte del riesgo penal, un acto así afecta la credibilidad de la institución y puede generar presión pública, medios nacionales e internacionales y sanciones administrativas.
- Incluso podría derivar en que se dicten medidas cautelares, como separación temporal del cargo mientras se investiga.

Palmar o agredir a un reportero es ilegal, violenta derechos humanos y puede derivar en sanciones penales y administrativas, además de implicaciones políticas muy serias para el funcionario y la institución que representa.