El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) pidió al Gobierno Federal frenar la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales que centralizaría el control del recurso en la Conagua. Aunque se levantaron los bloqueos carreteros del Paro Nacional, los productores de Guanajuato siguen en mesas de negociación por precios justos del maíz y sorgo, y para evitar que se apruebe una reforma que —aseguran— despojaría al campo de su autonomía hídrica y su seguridad jurídica.

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) instó al Gobierno Federal a detener la iniciativa de Ley de las Aguas Nacionales que concentraría la administración, el uso y la distribución del agua a contentillo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que hoy en día no tiene suficiencia económica, en el caso de Guanajuato no existe una representación real del organismo.

El Movimiento Campesino no ha terminado, pues aunque la mayoría de los bloqueos carreteros iniciados el 27 de octubre como parte del Paro Nacional, en Guanajuato fueron levantados, aún se encuentra en negociación varios puntos a favor del campo mexicano.

El sector productor agrícola, trabaja en tres demandas:

1.- El precio justo para el maíz, en donde buscaban el pago por tonelada de 7 mil 200 pesos, pero sólo lograron un apoyo gubernamental entre el Gobierno de México y los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato de 950 pesos, sin precio de base.

Y es que las grandes industrias harineras y procesadoras de grano, se negaron a pagar 5 mil 800 pesos como precio de base para la compra del maíz, que ya se tenía al inicio de las negociaciones y decidieron bajar el costo de compra a 5 mil 200 pesos.

No obstante, algunos líderes campesinos optaron por retirar los bloqueos carreteros en la esperanza de lograr mejores precios de mercado de forma independiente y en las mesas de trabajo que siguen vigentes.

2.- El precio justo para el pago del sorgo, en donde los productores agrícolas buscaban tasar el precio de maíz para de ahí partir con el precio del sorgo, que finalmente quedó en 6 mil pesos y con posibilidad de realizar pagos retroactivos.

La negociación ocurrió el 30 de octubre en donde autoridades y productores campesinos se sentaron a la mesa para plantear las demandas y tras cuatro horas acordaron lo siguiente:

Agricultura y Secretaría del Campo de Guanajuato se comprometen a hacer las gestiones necesarias para garantizar el precio de 6,000 pesos por tonelada de sorgo, sin límite de volumen a entregar, para personas físicas y morales.
Por parte de los productores de Sorgo, se habilitará un carril a la circulación en ambos sentidos de manera indefinida de la Autopista Celaya – Salamanca, como muestra de voluntad para resolver la problemática.
La Secretaría de Agricultura comunicará a Oficinas Centrales las problemáticas en la comercialización de sorgo en el estado, a efecto de que se analice la situación y se destinen recursos para este grano.
Buscar reunión con el sector industrial previo a las etapas de siembra de cultivos, con el fin de vislumbrar el panorama de comercialización en las etapas de cosecha.

Ley de aguas: un golpe mortal para el sector agrícola

3.- Un alto a la ley de concesiones de agua. En este punto será hoy que se lleve a cabo la reunión entre autoridades gubernamentales y productores campesinos afín de evitar que avance esta propuesta en donde se perdería autonomía en el uso de las aguas nacionales.

Actualmente los productores campesinos tienen acceso a concesiones de agua, en donde por ley tienen derecho al uso de ciertos metros cúbicos de agua para la producción, ese volumen en distribuido a través de distritos y módulos de riego a los productores agrícolas, quienes deciden qué se produce y cómo administran el agua.

Los títulos de concesión son administrados por ejidos, sin embargo con la propuesta actual, se busca la regularización de títulos de concesión en donde si el titular fallece, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recupera esos títulos, además de qué decide la cantidad de agua que se dará durante cada ciclo agrícola al sector.

El Movimiento Agrícola Campesino emitió un comunicado alertando al sector sobre esta iniciativa de Ley de Aguas Nacionales que, aunque aún es solo una propuesta y no una ley vigente, representa un “golpe mortal” para el campo mexicano.

El Movimiento Agrícola Campesino llama a la máxima alerta y unidad. Insta a los productores a informarse y presionar a los legisladores y al gobierno federal para impedir que esta propuesta se convierta en ley, advirtiendo: “Si esta propuesta avanza, no solo perdemos el agua; perdemos nuestro patrimonio, nuestra organización y nuestra seguridad jurídica.”

La Iniciativa busca un cambio total de las reglas que, según el Movimiento, despojaría a los productores. Los seis efectos más graves señalados son:

Fin de la Propiedad y Seguridad Jurídica:
- Hecho: Eliminaría las concesiones de agua a largo plazo, sustituyéndolas por “autorizaciones temporales”
- Efecto: El gobierno podría revocar el permiso en cualquier momento por razones discrecionales, eliminando la certeza para la inversión y la siembra a largo plazo.
Prohibición de Heredar Derechos:
- Hecho: Prohíbe la transmisión de autorizaciones de agua.
- Efecto: El patrimonio familiar se anula, ya que los derechos de agua no podrían ser heredados por hijos ni transferidos entre productores, rompiendo el tejido social y económico del campo.
Desaparición de Módulos de Riego:
- Hecho: La propuesta no reconoce legalmente a los módulos de riego y asociaciones de usuarios como titulares de derechos.
- * Efecto: Los módulos, que han sido mantenidos por 30 años por usuarios, pasarían a ser simples “ayudantes” del gobierno, perdiendo autonomía.
Centralización y Control Político Total:
- Hecho: Sustituye a CONAGUA por una “Autoridad Nacional del Agua” (ANA) con poder absoluto y centralizado.
- Efecto: Todas las decisiones, permisos y sanciones se tomarían desde el centro del país, sin considerar la realidad local, y los Consejos de Cuenca (donde los usuarios tienen voz) quedarían sin poder real.
Expropiación de Agua “por Decreto”:
- Hecho: Faculta a la autoridad a reasignar volúmenes de agua de una región a otra por “interés público” o “escasez”, sin pagar indemnización.
- Efecto: Amenaza la soberanía hídrica de los estados y permite que se tomen aguas de una región para enviarlas a otra, quebrando regiones agrícolas.
* Criminalización del Productor:
- Hecho: Endurece las sanciones por incumplimientos administrativos.
- Efecto: Un error menor o usar el agua en un cultivo no registrado podría llevar a la clausura de pozos y decomiso de equipo, usando la ley para someter al productor.