La sentencia contra Édgar Francisco “N”, representante del despacho Punto Legal, acumula 1,018 años y cuatro meses de prisión por fraude contra 107 familias de León. Además, un juez ordenó la reparación integral del daño por más de 33 millones de pesos, uno de los fallos patrimoniales más relevantes registrados en Guanajuato.

Después de varios años de investigación, 107 familias que fueron defraudadas por Punto Legal obtuvieron justicia, luego de que el Édgar Francisco ‘N’, abogado del despacho fue sentenciado a una pena acumulada de 1 mil 018 años de prisión y el pago de la reparación del daño de 33 millones 398 mil 90 pesos como restitución a las familias afectadas.

El caso cobró relevancia en Guanajuato debido al número de personas afectadas y al monto del dinero perdido. La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que acuerdo con las investigaciones, decenas de familias entregaron sus ahorros con la expectativa de adquirir viviendas mediante supuestos remates bancarios promovidos por el despacho Punto Legal, una operación que terminó por convertirse en uno de los fraudes patrimoniales más conocidos en el estado.

La Fiscalía General del Estado acreditó durante el proceso que el ahora sentenciado ofrecía inmuebles sobre los que no tenía facultades legales para celebrar operaciones de compraventa y que, además, no se encontraban en litigios que permitieran ser comercializados como remates bancarios. A través de distintos mecanismos de engaño, convenció a las víctimas de realizar pagos por propiedades que nunca podrían adquirir.

Las investigaciones fueron desarrolladas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A, que reunió pruebas documentales, científicas y testimoniales para demostrar el esquema utilizado contra las 107 personas afectadas.

Los días 26 y 30 de junio de 2026, los tribunales emitieron dos sentencias condenatorias. La primera fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó 580 años, lo que dio como resultado una pena acumulada de 1 mil 018 años y cuatro meses por el delito de fraude.

Aunque la legislación penal de Guanajuato establece un límite máximo para el tiempo que una persona puede permanecer en prisión, la suma de las penas refleja la cantidad de hechos delictivos acreditados y el número de víctimas reconocidas durante el juicio.

Más allá de la condena, uno de los aspectos de mayor impacto para las familias es la reparación económica ordenada por el juez. La sentencia establece el pago de 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios, lo que representa una reparación integral superior a 33 millones de pesos.

Al dar a conocer la resolución, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que la prioridad durante la investigación fue que las personas afectadas no solo obtuvieran una sentencia condenatoria, sino que existiera la posibilidad de recuperar el patrimonio perdido.

Detrás de este caso, hay años de trabajo de investigación, integración de pruebas y sobre todo, el compromiso de colocar a las víctimas en el centro de nuestra actuación. No buscamos únicamente una sentencia ejemplar. Trabajamos para que quienes fueron engañados puedan recuperar lo que les fue arrebatado.

Gerardo Vázquez Alatriste / fiscal de Guanajuato

El fiscal destacó que la resolución judicial responde a un trabajo de investigación desarrollado durante varios años para integrar las pruebas que permitieran acreditar el fraude y respaldar la reparación integral del daño en favor de las víctimas.

La Fiscalía informó que continuará dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia, particularmente en lo relacionado con la devolución de los recursos ordenada por el juez, con el propósito de que las personas afectadas puedan acceder a la reparación económica establecida en la resolución.

La sentencia del Caso Punto Legal se convierte en una de las más relevantes dictadas en Guanajuato por delitos patrimoniales, tanto por la magnitud de la pena impuesta como por el número de víctimas reconocidas y el monto de la reparación del daño ordenada por la autoridad judicial.

📅 ASÍ FUE EL CASO DE PUNTO LEGAL EN LEÓN

2019 – El Origen del Engaño: A través de redes sociales, el despacho jurídico “Punto Legal” comenzó a promover atractivas ofertas de supuestos “remates bancarios” de casas en el municipio de León. La propuesta consistía en que los interesados debían aportar inicialmente el 30 por ciento del valor total del inmueble y liquidar el 70 por ciento restante antes de la entrega de los contratos notariales. Al tratarse de precios muy accesibles, muchas familias de escasos recursos y adultos mayores invirtieron los ahorros de toda su vida.

2020 a 2022 – El Descubrimiento del Fraude: Pasaron los meses (y en muchos casos, años) sin que las viviendas fueran entregadas. Al exigir respuestas, los afectados descubrieron de manera paulatina que los folios de los contratos estaban adulterados, que los inmuebles ofertados no se encontraban en ningún litigio o remate bancario y que el despacho no tenía facultad legal alguna para venderlos.

2022 – Las Primeras Denuncias: Tras percatarse de las irregularidades, las víctimas acudieron inicialmente a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y, posteriormente, interpusieron de forma masiva las primeras denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Las querellas comenzaron a acumularse en cascada.

Abril de 2023 – Detención de Édgar Francisco “N”: Derivado de las carpetas de investigación, el principal operador y titular del despacho, Édgar Francisco “N”, fue capturado por las autoridades. Su proceso judicial enfrentó múltiples trabas, intentos de aplazamiento por parte de sus defensores y quejas de las víctimas respecto al debido proceso.

Mayo de 2023 – Ampliación de la Red de Operadores: Al avanzar las investigaciones de la Fiscalía y tras maratónicas audiencias de hasta 12 horas, se cumplimentó una orden de aprehensión contra María Mercedes “N”, madre de Édgar Francisco “N”, sumando en ese momento tres integrantes de la misma familia procesados penalmente por colaborar en el megafraude.

2024 a 2025 – Movilizaciones y Tragedia: Al considerar que los procesos penales avanzaban con lentitud, cientos de afectados realizaron constantes marchas y protestas en las calles de León, manifestándose frente al Poder Judicial de León y de Guanajuato capital. La indignación social escaló significativamente tras el asesinato de su abogado representante, Juan José Hernández Torres, lo que intensificó las exigencias de justicia y protección para las víctimas. El Ministerio Público continuó desglosando los expedientes por bloques de afectados.

26 y 30 de Junio de 2026 – Sentencias Históricas: De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los tribunales dictaron dos sentencias condenatorias consecutivas en contra de Édgar Francisco “N”. La primera por 438 años y 4 meses de prisión, y la segunda por 580 años, acumulando una penalidad

📍 Modus Operandi y Lugar de Operación

El despacho tenía su base física y de operaciones en el municipio de León, Guanajuato. Operaban mediante un esquema de fraude inmobiliario piramidal y de suplantación de remates:
Enganchaban a ciudadanos que buscaban una vivienda propia usando publicidad engañosa en redes sociales.
Se ostentaban falsamente como apoderados o intermediarios de instituciones bancarias para rematar inmuebles.
Presionaban para recibir fuertes sumas de dinero en efectivo o transferencias bajo el concepto de “apartados” o liquidaciones.
Emitían contratos con sellos y folios falsificados o alterados para dar una apariencia de legalidad que no existía.