Desaparecidos. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que las medidas cautelares dictadas por la CIDH no han sido cumplidas de manera efectiva y advierte un riesgo para el núcleo familiar.
La familia Solís Figueroa, cuyo padre e hijo desaparecieron en distintos momentos de 2025 en Valle de Santiago, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para proteger a sus integrantes ante el riesgo que enfrentan.
La petición ocurre en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado cada 30 de agosto, y después de que la propia CIDH otorgara en 2026 medidas cautelares a favor de las dos personas desaparecidas y de su núcleo familiar.
De acuerdo con la información proporcionada por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el primer caso corresponde a Juan José Arias Solís, conocido como “Juanito”, quien fue privado de la libertad el 19 de junio de 2025, presuntamente por agentes de la Guardia Nacional.
Seis meses después, el 28 de diciembre de ese mismo año, desapareció su padre, José Juan Arias Corona, también en Valle de Santiago.
La organización sostiene que ambas desapariciones podrían estar relacionadas y que la segunda habría ocurrido como consecuencia de las acciones de búsqueda emprendidas por la familia. Se trata, sin embargo, de una hipótesis planteada por los familiares y la organización, no de una conclusión judicial.
CIDH pidió medidas para buscar a padre e hijo
Ante el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar 15/2026, mediante la cual solicitó al Estado mexicano implementar acciones relacionadas con la búsqueda de Juan José y José Juan, así como medidas de protección para sus familiares.
Entre las acciones señaladas se encuentran la elaboración de un plan integral de búsqueda, la evaluación del riesgo que enfrenta la familia y la adopción de medidas para proteger a sus integrantes, además de garantizar su participación en las acciones relacionadas con la búsqueda.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato afirma que, a seis meses de que fueron otorgadas las medidas cautelares, persisten deficiencias en su implementación.
La organización considera que la falta de coordinación entre las autoridades ha mantenido al núcleo familiar en una situación de riesgo y sostiene que existe un incumplimiento de las medidas solicitadas por la CIDH, al que califica como desacato del Estado mexicano.
Buscan medidas provisionales ante la Corte IDH
Ante este escenario, familiares y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato informaron que enviaron una comunicación a la CIDH para solicitar que el organismo interamericano pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales para reforzar la protección de la familia Solís Figueroa.
Las medidas provisionales constituyen un mecanismo extraordinario dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Pueden ser solicitadas ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, cuando existe la posibilidad de que se produzcan daños irreparables a las personas.
En estos casos, la Corte puede ordenar al Estado involucrado adoptar acciones específicas para proteger derechos como la vida y la integridad personal.
La solicitud planteada por la familia busca que este mecanismo sea utilizado para reforzar la protección de sus integrantes, debido a que consideran que las medidas existentes no han sido suficientes para reducir el riesgo.
La petición se realiza con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la facultad de la Corte Interamericana para adoptar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia.
El riesgo para las familias que buscan a sus desaparecidos
El caso de Valle de Santiago ocurre dentro de un contexto en el que las familias de personas desaparecidas no solamente enfrentan la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, sino también los riesgos derivados de las labores de búsqueda.
En este caso, la organización señala como un elemento central que José Juan desapareció seis meses después que su hijo, y plantea como hipótesis que su desaparición podría estar vinculada con la búsqueda de Juan José.
Por ello, la petición ante el sistema interamericano no se limita a exigir avances en las investigaciones de las desapariciones, sino que busca que las autoridades adopten medidas específicas para evitar que otros integrantes de la familia sean víctimas de algún daño.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato hizo coincidir esta solicitud con la conmemoración del 30 de agosto, fecha establecida por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Este año, además, se conmemoran 20 años de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La ONU ha impulsado para esta fecha el lema “Las víctimas primero. Acciones ya”.
Para la organización y la familia Solís Figueroa, ese llamado debe traducirse en acciones concretas de las autoridades mexicanas para garantizar la búsqueda de Juan José y José Juan, así como la seguridad de sus familiares.
La solicitud ahora deberá ser analizada dentro del sistema interamericano. La pretensión de la familia es que la CIDH eleve la petición ante la Corte Interamericana y que este tribunal valore la existencia de una situación de gravedad y urgencia que amerite dictar medidas provisionales.
En el centro de la petición está una exigencia: que la búsqueda de las personas desaparecidas y la protección de quienes las buscan sean atendidas como una obligación del Estado y no como una responsabilidad que recaiga únicamente en las familias.
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