El reclutamiento se ha convertido en una estrategia funcional para organizaciones criminales, que encuentran en adolescentes una población fácilmente reemplazable, con menor visibilidad institucional y altamente expuesta a entornos violentos como lo es el corredor industrial de Guanajuato.
“Las personas no están desapareciendo, se las están llevando”, advirtieron buscadoras durante la presentación del Informe de Desaparecidos en México 2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que coloca a Guanajuato como una de la zonas de alta prioridad por reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado, violencia contra buscadoras, hallazgo de fosas y deficiencias institucionales.
Menores blanco perfecto para el reclutamiento forzado
El documento advierte que Guanajuato figura entre las 18 entidades del país con mayor vulnerabilidad frente al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, particularmente en municipios estratégicos por su contexto de violencia y operación delictiva.
“De acuerdo con el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para fines delictivos sería más proclive en 18 entidades federativas; destacando (…) Guanajuato (municipios de León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria)”
CIDH
La CIDH fue informada de que niños sobrevivientes del reclutamiento declararon haber sido usados como combatientes, para la preparación de estupefacientes o como mensajeros.
La Comisión expone que en estos territorios, menores de edad pueden ser captados para actividades relacionadas con vigilancia, mensajería, tráfico de drogas o participación directa en estructuras criminales, en contextos donde confluyen pobreza, amenazas, coerción y ausencia de protección estatal efectiva.
Municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato y Apaseo el Grande han registrado en años recientes altos índices de homicidio, desaparición, narcomenudeo y enfrentamientos derivados de conflictos entre organizaciones criminales, especialmente en zonas vinculadas al control de rutas estratégicas, economías ilícitas y operación territorial.
El reclutamiento puede producirse mediante engaño, amenazas, coerción o aprovechamiento de vulnerabilidades estructurales como pobreza, abandono escolar, violencia intrafamiliar o falta de oportunidades económicas.
En algunos casos, el reclutamiento aparenta ser “voluntario” aunque responde a presiones económicas o de seguridad contra el niño, la niña o su familia .
Este tipo de reclutamiento ha sido encuadrado como resultado del entorno familiar y comunitario; a través de las vulnerabilidades provocadas por la violencia física y sexual intrafamiliar, así como por la exclusión social y económica, la pobreza, la ausencia de instituciones del Estado, la falta de oportunidades y la cercanía con los contextos de violencia producto del crimen organizado, que les motiva a acercarse como una forma de pertenencia y reconocimiento de sus pares.
El dato
El informe expone que este fenómeno se ha convertido en una estrategia funcional para organizaciones criminales, que encuentran en adolescentes una población fácilmente reemplazable, con menor visibilidad institucional y altamente expuesta a entornos violentos.
Además, la Comisión subraya que el reclutamiento de menores no puede desvincularse de la crisis de desapariciones.
En muchos casos, familias enfrentan incertidumbre total sobre el paradero de sus hijos, sin claridad sobre si fueron desaparecidos, asesinados o incorporados forzadamente a estructuras criminales.
Esta superposición entre desaparición y captación criminal amplía la complejidad de las búsquedas y exige mecanismos diferenciados de prevención e investigación.
La CIDH también contextualiza su preocupación en cifras nacionales: más de 18 mil niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos en México.
Aunque el informe no establece que todos estos casos correspondan a reclutamiento, sí advierte que la utilización criminal de menores constituye uno de los factores de riesgo más relevantes en regiones con fuerte presencia delictiva.
Salvatierra: desaparición, fosas clandestinas y desplazamiento familiar
Uno de los casos más representativos incluidos en el informe corresponde a la familia Barajas Piña, cuya historia refleja la profundidad de la crisis en Guanajuato.
Tal es el caso de la familia Barajas Piña, relatado a la CIDH en una audiencia pública, cuya hija María Guadalupe fue desaparecida el 29 de febrero de 2020 en Salvatierra, Guanajuato, desatando una búsqueda familiar que permitió hallar sus restos en una fosa clandestina junto con 80 cadáveres en febrero de 2021.
Lamentablemente, por la búsqueda de Guadalupe, su hermano Javier fue asesinado por personas vinculadas a la desaparición de su hermana el 29 de mayo de 2021 y sus padres (Javier y María del Tránsito) tuvieron que desplazarse forzadamente de Guanajuato.
La dimensión del caso colocó a Salvatierra como uno de los puntos más visibles del fenómeno de fosas clandestinas en la entidad, pero también mostró las consecuencias extremas para quienes emprenden la búsqueda de familiares desaparecidos.
El informe evidencia que en Guanajuato las familias no solo enfrentan la desaparición de sus seres queridos, sino también riesgos letales derivados de exigir justicia y verdad.
Personas buscadoras bajo amenaza permanente en Guanajuato
La violencia contra colectivos de búsqueda también ocupa un lugar central en el análisis internacional.
La CIDH documenta la desaparición de Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato.
Lorenza Cano Flores, buscadora del Colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato”, fue desaparecida el 15 de enero de 2024, en tanto que en el mismo ataque asesinaron a su esposo e hijo. Su situación ha sido merecedora de una Acción Urgente
del CED (1693/2024)
El caso fue considerado de tal gravedad que motivó acciones urgentes internacionales, reflejando el nivel de vulnerabilidad de quienes realizan labores de búsqueda en la entidad.
Para la CIDH, Guanajuato forma parte de los estados donde las personas buscadoras enfrentan amenazas críticas, homicidios, desaparición y agresiones directas.
Colectivos de Guanajuato, pieza clave en la documentación internacional
La Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato fue una de las organizaciones consideradas por la Comisión para documentar la situación nacional.
Esto posiciona a la entidad no solo como territorio afectado, sino también como una referencia en denuncia, documentación y exigencia de políticas públicas frente a desapariciones.
Sin embargo, el informe sostiene que los esfuerzos ciudadanos contrastan con importantes limitaciones institucionales, entre ellas falta de coordinación entre fiscalías, recursos insuficientes, debilidad forense y obstáculos burocráticos.
Aunque reconoce reformas legales estatales, como ajustes en categorías de búsqueda, la CIDH advierte que el principal problema sigue siendo la aplicación efectiva.
“Su falta de implementación y efectividad siguen siendo un obstáculo en el acceso a la justicia”, concluye.
Impunidad, fallas judiciales y crisis forense
El informe también identifica procesos judiciales cuestionados en Guanajuato, así como deficiencias estructurales en investigación y sanción.
La Comisión señala que la impunidad continúa siendo un elemento que favorece la repetición de desapariciones, mientras familias y colectivos enfrentan largos procesos con resultados limitados.
A esto se suma la crisis forense, donde miles de cuerpos sin identificar a nivel nacional reflejan fallas en mecanismos de identificación, almacenamiento y restitución.
En este contexto, casos originados en Guanajuato han impulsado acciones legales para exigir herramientas nacionales como el Banco Nacional de Datos Forenses, considerado fundamental para responder a la magnitud de la emergencia.
Una radiografía compleja de la violencia en Guanajuato
El informe de la CIDH muestra que Guanajuato concentra múltiples dimensiones de la crisis mexicana:
- Reclutamiento forzado de menores
- Desapariciones vinculadas a violencia criminal
- Fosas clandestinas
- Riesgo extremo para familias buscadoras
- Desplazamiento forzado
- Impunidad judicial
- Debilidad institucional
- Insuficiencia forense
Lejos de reducirse a cifras, el análisis internacional describe un escenario donde convergen estructuras criminales, captación de juventudes, violencia contra civiles y una respuesta institucional que sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
La conclusión del organismo internacional es que Guanajuato representa uno de los estados donde la desaparición y el reclutamiento criminal exigen atención urgente, prevención especializada, fortalecimiento de instituciones, protección para colectivos y políticas de justicia capaces de responder a una problemática cada vez más compleja.
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