La PRODHEG resolvió el expediente 0141/2025 en el que acredita acoso y violencia laboral del exsecretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides, contra una funcionaria municipal, y emitió recomendaciones al Ayuntamiento.
Sí lo hizo. El ex secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides Hernández sí acoso y violentó laboralmente a una empleada de la dependencia municipal y por sus celos y conducta inapropiada la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitió recomendaciones al Gobierno Municipal.
A más de seis meses de que el Benavides dejó la corporación municipal la Prodheg resolvió el pasado 22 de abril el expediente 0141/2025, abierto tras la denuncia presentada por una trabajadora especializada de la SSCI, encargada de las certificaciones internacionales como CALEA y CERTIPOL el 19 de diciembre del 2025.
¿Qué hizo Benavides?
La Prodheg determinó que el entonces secretario de seguridad falló en salvaguardar el derecho humano de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el entorno laboral, por lo que ordenó el registro de la empleada afectada al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Guanajuato para atender el caso, según competa.
Según la investigación, la víctima contó que al estar en la oficina de Benavides éste le cuestionó el acercamiento que tuvo con otra persona, lo que provocó en ella ansiedad y tras ese momento fue cambiado su lugar de trabajo, las funciones que realizaba para asignarlas a otra persona, así como aseguró que había órdenes por parte del funcionario de seguirla.
Aunque Benavides negó los hechos, asegurando que siempre tuvo una relación netamente laboral con la empleada, personal a cargo de su seguridad declaró en contra, al asegurar que desde noviembre y diciembre del 2024 esa empleada sufría de maltrato por parte del secretario de seguridad y en más de una ocasión la vio salir llorando de su oficina.
La empleada aportó pruebas en video, documentales y testimonios, que permitieron acreditar por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que sí hubo acoso laboral que repercutieron en la salud emocional de la víctima, según estudios psicológicos realizados por la Contraloría Municipal, que también cuenta con el expediente CM/DQ/INV-025/2024.
También fue confirmado que se le cambio de lugar de trabajo para enviarla a las instalaciones de la Ciudad Industrial en donde sus funciones se le dificultaron, y aunque el argumento de Benavides fue que ella lo solicitó así, no hubo una petición como tal.
Así como se confirmó que la retiró de sus funciones, mismas que tuvo que entregar a otra persona.
Recomendaciones de la Prodheg
PRIMERO. Se instruya a quien corresponda realizar las gestiones necesarias para otorgar atención psicosocial a la víctima, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
SEGUNDO. Se instruya a quien legalmente corresponda para que se inicie una investigación por la autoridad competente, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
TERCERO. Se entregue un tanto de esta resolución a la autoridad responsable y se integre una copia a su expediente personal, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
CUARTO. Ingreso de la víctima al Registro Estatal de Víctimas del Estado de Guanajuato para los efectos de él deriven.
Historial negro de Ricardo Benavides en Irapuato
Asunción del cargo | 16 de mayo de 2022
Luis Ricardo Benavides Hernández asume oficialmente la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI). Llega tras haber ocupado cargos similares en Aguascalientes y San Miguel de Allende.
Despido masivo: Operación Cipol | 4 de octubre de 2022
La corporación ejecuta la baja fulminante de 100 elementos de la Policía Preventiva en un solo día. Los agentes son concentrados en el Centro de Integración Policial (Cipol) mediante engaños, donde se les retiene y presiona para firmar su renuncia. Benavides justifica el hecho bajo el argumento de una “depuración por pérdida de confianza”, aunque el proceso viola normativas laborales básicas.
Caso Jair Martínez e intimidación a familiares | Febrero de 2023
Tras el secuestro del empresario Jair Antonio Martínez, su familia rastrea su ubicación real vía GPS a las 6 horas del suceso y entrega las coordenadas a la SSCI. Bajo el mando de Benavides, la Policía Municipal (primer respondiente) tarda 30 horas en reaccionar e inspeccionar la zona; la víctima es localizada sin vida.
Durante la crisis, Benavides aborda coercitivamente a los familiares exigiéndoles bajar los reportes de redes sociales argumentando que “generaban psicosis colectiva”.
Recomendación PRODHEG 0467/2023 (Caso Jair) | Agosto de 2023
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emite una resolución condenatoria tras comprobar que 4 elementos de la corporación violaron el Protocolo Homologado de Búsqueda por su omisión negligente. La secretaría de Ayuntamiento intenta cerrar el expediente con una disculpa por escrito a puerta cerrada, la cual es rechazada e impugnada por la familia ante la CNDH.
Expediente PRODHEG 1190/2023: Agresión periodística y encubrimiento | Noviembre de 2023
La PRODHEG emite una recomendación directa a Benavides tras la agresión física y destrucción de equipo sufrida por el fotógrafo del Sol de Irapuato, José Luis Cervantes, durante una cobertura de manifestaciones. En su informe oficial, Benavides niega los hechos y argumenta formalmente que los policías solo estaban “brindando seguridad” al reportero. El organismo autónomo desmiente al Secretario, obligándolo a iniciar procedimientos en Asuntos Internos y a pagar la reparación de la cámara.
Recomendación PRODHEG 143/22-B ( Caso Juan David: Falla sistémica) | Julio de 2024
La PRODHEG emitió una severa recomendación a la SSCI tras la desaparición del menor Juan David, cuyo padrastro era policía municipal activo (Miguel Ángel “N”, posteriormente sentenciado). El organismo comprueba que la corporación y el sistema 911 ignoraron de manera concatenada llamadas previas de auxilio y reportes de violencia intrafamiliar. Se ordena abrir investigación interna contra 8 policías y un operador de emergencias.
Denuncia penal y administrativa por acoso laboral | 19 de diciembre de 2024
Una funcionaria especializada de la SSCI (responsable de certificaciones internacionales de alta prioridad como CALEA y CERTIPOL) interpone una denuncia formal por acoso y violencia laboral contra Benavides. La carpeta queda asentada en Contraloría bajo el folio CM/DQ/INV-025/2024. El expediente detalla insultos verbales, descalificaciones profesionales sistemáticas y amenazas directas del Secretario cuando la afectada solicitó apoyo interino durante los procesos electorales.
Activación de protocolos y reubicación | 17 de enero de 2025
La alcaldesa Lorena Alfaro confirma públicamente la investigación contra Benavides. Tras evaluarse el riesgo y bajo el amparo del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral en la Administración Pública Municipal, la víctima es reubicada físicamente a otro complejo gubernamental para frenar las represalias en su contra.
Ratificación del estatus de la Contraloría | 4 de julio de 2025
La Contraloría Municipal, mediante su titular Patricia Aguilar Gallardo, ratifica que el área de Quejas y Denuncias mantiene abierta y bajo reserva el acta institucional en contra del funcionario, evaluando sanciones administrativas que contemplan la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Cierre de gestión y balance de violencia | Octubre de 2025
Ricardo Benavides deja de manera oficial la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato al concluir el periodo de la administración. Deja la corporación con un saldo de expedientes acumulados en Contraloría y una numeralia crítica en el municipio: 1,479 homicidios dolosos registrados durante sus tres años de gestión, según cifras del observatorio ciudadano Irapuato ¿cómo vamos?.
Aprobación de escoltas pese a quejas | 7 de noviembre de 2025
El Cabildo de Irapuato aprueba por unanimidad otorgarle protección de escoltas oficiales financiados por el erario público durante un plazo de 12 meses (efectivo desde el 18 de noviembre), amparado en un dictamen técnico de riesgos por las funciones de seguridad desempeñadas, omitiendo el estatus de las investigaciones de Contraloría en su contra.
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