Tras la alerta de género en Guanajuato, el estado reporta 415 órdenes de protección administrativas, más de 6 mil valoraciones de riesgo feminicida y más de 2 mil 500 servidores públicos capacitados para atender a mujeres víctimas de violencia.
Dos años después de que Guanajuato recibió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 17 municipios, las autoridades estatales reportan avances en protección, prevención, búsqueda y acceso a la justicia, aunque el cumplimiento de las medidas continúa como un proceso en desarrollo.
La alerta fue declarada en septiembre de 2024 y estableció 21 medidas y 40 acciones relacionadas con prevención, atención, seguridad, procuración e impartición de justicia, reparación integral y cambios legislativos.
Entre las acciones reportadas actualmente por el Gobierno de Guanajuato se encuentran 415 órdenes de protección administrativas directas y más de 6 mil instrumentos utilizados para evaluar y prevenir el riesgo de violencia feminicida.
Las órdenes de protección son una de las herramientas para atender situaciones en las que existe riesgo para la integridad de una mujer. En julio pasado, autoridades estatales habían informado que durante el primer semestre de 2026 se habían emitido más de 13 mil órdenes de protección administrativas en el estado, por lo que las cifras corresponden a diferentes cortes y mecanismos de atención.
Protección y atención: más de 2 mil 500 servidores públicos capacitados
Una de las líneas de trabajo ha sido preparar al personal que tiene contacto directo con mujeres víctimas de violencia.
El Gobierno estatal reporta que más de 2 mil 500 servidoras y servidores públicos de primer contacto recibieron capacitación especializada para brindar atención sin revictimización. A esto se suman 752 integrantes de Unidades Policiales Especializadas que fueron capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.
La capacitación forma parte de una estrategia que también involucra a los 17 municipios incluidos en la declaratoria. En julio de 2026, el estado informó que destinó 4.8 millones de pesos para profesionalizar a 980 personas servidoras públicas mediante procesos de capacitación y certificación.
Otro de los mecanismos utilizados es el registro de casos. El estado reporta más de 78 mil registros incorporados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), información que se utiliza para identificar patrones y orientar acciones de prevención.
La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que la alerta representa una guía para coordinar las acciones institucionales, pero sostuvo que la atención debe mantenerse más allá del periodo establecido para la declaratoria.
“Mientras exista una sola mujer, adolescente o niña que enfrente violencia o miedo, nuestra labor como Estado no estará completa. Reconocemos los retos, escuchamos las exigencias de la sociedad y mantenemos el compromiso de no dar un solo paso atrás en su protección y en la garantía de su acceso a la justicia”.
Itzel Balderas / Secretaría de las Mujeres
Prevención, búsqueda y justicia forman parte de las acciones
La estrategia también contempla medidas que buscan atender la violencia antes de que llegue a una situación de mayor riesgo.
En planteles educativos de zonas prioritarias, cerca de 80 mil estudiantes participaron en talleres para prevenir violencia, acoso y desaparición. Además, se otorgaron más de 2 mil becas de formación laboral y más de mil apoyos con maquinaria y equipo para mujeres emprendedoras.
El Gobierno estatal reportó que estos apoyos representan 72 por ciento del total de apoyos entregados para proyectos productivos encabezados por mujeres.
En materia de salud comunitaria, se realizaron más de 58 mil acciones relacionadas con prevención de adicciones y cuidado de la salud emocional, además de atención médica y psicológica especializada.
El acceso a la justicia también tuvo cambios durante este periodo. El Poder Judicial puso en funcionamiento Juzgados Mixtos Especializados en Violencia contra las Mujeres en León, Guanajuato capital, San Francisco del Rincón y Salvatierra.
Estos juzgados comenzaron a operar en 2026 y, a finales de agosto, autoridades informaron que ya habían recibido 352 asuntos en los cuatro partidos judiciales.
En búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda reportó jornadas en territorio y centros de rehabilitación que permitieron localizar con vida a 13 personas y generar nuevas líneas de investigación.
También se creó un fondo especializado para niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas de feminicidio o desaparición de sus madres. El mecanismo contempla apoyos relacionados con educación, alimentación, salud mental y desarrollo integral.
En el ámbito legislativo, el Congreso de Guanajuato reformó la Ley de Seguridad Pública para establecer como obligatoria la existencia de Unidades Especializadas de Prevención y Atención a la Violencia de Género en las corporaciones policiales municipales y estatales.
El seguimiento de las acciones de la alerta puede consultarse en el portal Cero Violencia, donde el Gobierno estatal concentra información sobre los avances reportados.
Aunque Guanajuato mantiene activas las acciones derivadas de la declaratoria, el seguimiento federal de su cumplimiento ha enfrentado una pausa. En septiembre de 2025, autoridades estatales informaron que el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario, encargado de evaluar las acciones de la alerta, no había sesionado desde diciembre de 2024 debido al proceso de transición de CONAVIM a la Secretaría de las Mujeres federal.
La declaratoria permanece dirigida a los 17 municipios identificados en Guanajuato y las acciones estatales continúan enfocadas en protección, prevención, atención, búsqueda y acceso a la justicia para mujeres, adolescentes y niñas.
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